El poeta Miguel Hernández se dirige a los soldados republicanos durante la guerra. / MAGNUM
Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/11/valencia/1399803881_262092.html
El escritor que condenó como juez al poeta Miguel Hernández
Manuel Martínez Gargallo también sentenció a decenas de periodistas y humoristas gráficos
La condena de uno de los poetas más universales de España, Miguel Hernández
(Orihuela, 1910-Alicante, 1942), la firmó un juez que antes de aprobar
su oposición de magistrado había sido un reconocido escritor humorístico
cuyas narraciones se habían publicado en diversos medios. Manuel
Martínez Gargallo firmaba sus relatos como Manuel Lázaro, según ha
comprobado y demostrado el catedrático de Literatura y Lengua Española
de la Universidad Juan Antonio Ríos, que ha buceado en la prensa de la
época para profundizar en la identidad de este humorista que condenó a
decenas de periodistas y humoristas gráficos durante el franquismo.
“Sobre la condena a Miguel Hernández se ha escrito mucho, pero nadie se había preguntado por la identidad de la persona que la ejecutó”, explica este profesor que publicará en breve el resultado de su investigación en una revista especializada de Estados Unidos. Martínez Gargallo fue un colaborador habitual de las publicaciones humorísticas hasta que, en marzo de 1931, aprobara una oposición y obtuviera la plaza de juez en Murias de Paredes, un pueblo de León, cuando apenas tenía 26 años. “La paradoja es que antes había sido un buen humorista, y luego fue capaz de condenar incluso al caricaturista que le ilustró parte de sus relatos”, afirma Ríos.
Las narraciones humorísticas de Manuel Lázaro tuvieron muchos seguidores y alcanzaron cierta fama por su “agudeza e ingenio”, según Ríos, quien considera su prosa y estilo comparable al de otros escritores como Enrique Jardiel. El profesor de la Universidad de Alicante explica que sus relatos aparecían periódicamente en publicaciones como Buen Humor, Cosmópolis, Ondas, Gutiérrez, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Cinegramas o el periódico ABC.
“Sobre la condena a Miguel Hernández se ha escrito mucho, pero nadie se había preguntado por la identidad de la persona que la ejecutó”, explica este profesor que publicará en breve el resultado de su investigación en una revista especializada de Estados Unidos. Martínez Gargallo fue un colaborador habitual de las publicaciones humorísticas hasta que, en marzo de 1931, aprobara una oposición y obtuviera la plaza de juez en Murias de Paredes, un pueblo de León, cuando apenas tenía 26 años. “La paradoja es que antes había sido un buen humorista, y luego fue capaz de condenar incluso al caricaturista que le ilustró parte de sus relatos”, afirma Ríos.
Las narraciones humorísticas de Manuel Lázaro tuvieron muchos seguidores y alcanzaron cierta fama por su “agudeza e ingenio”, según Ríos, quien considera su prosa y estilo comparable al de otros escritores como Enrique Jardiel. El profesor de la Universidad de Alicante explica que sus relatos aparecían periódicamente en publicaciones como Buen Humor, Cosmópolis, Ondas, Gutiérrez, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Cinegramas o el periódico ABC.
Martínez Gargallo fue un colaborador habitual de las publicaciones humorísticas.
La crítica lo situó entre los miembros de "la otra generación del 27", entre los que también figuraban Enrique Jardiel Poncela, Rafael Sánchez Mazas o César González Ruano, entre otros. La producción literaria de García Gargallo arranca en la década de los años veinte, y tras su nombramiento como magistrado, El Heraldo de Aragón publicó una nota reveladora: “Manuel Lázaro, fino humorista, es el seudónimo de un sesudo licenciado en Derecho que respondía al nombre de Manuel Martínez Gargallo”. El tema no era un secreto, pero nadie se había detenido en desenmascarar al verdugo del poeta de Orihuela.
La crítica lo situó entre los miembros de "la otra generación del 27", entre los que también figuraban Enrique Jardiel Poncela, Rafael Sánchez Mazas o César González Ruano, entre otros. La producción literaria de García Gargallo arranca en la década de los años veinte, y tras su nombramiento como magistrado, El Heraldo de Aragón publicó una nota reveladora: “Manuel Lázaro, fino humorista, es el seudónimo de un sesudo licenciado en Derecho que respondía al nombre de Manuel Martínez Gargallo”. El tema no era un secreto, pero nadie se había detenido en desenmascarar al verdugo del poeta de Orihuela.
Según la investigación de Ríos, durante la primavera de 1939 el
magistrado se pasó al bando nacional, una vez iniciada la Guerra Civil, y
luego fue el juez instructor de decenas de condenas a periodistas,
escritores, humoristas o fotógrafos como titular del Tribunal Especial
de Prensa. “Los pormenores del proceso de Miguel Hernández se conocían
pero no el detalle del personaje que ejecutó la pena contra el poeta
oriolano”, asegura Ríos, quien cree que el juez y el poeta no
coincidirían en Madrid antes de 1936 ya que “sus mundos eran
antitéticos”. No obstante, el profesor concluye que el magistrado fue
“consciente y sabía perfectamente quien era Miguel Hernández, cuando
dictó la condena”.
El Heraldo publicó el 1 de mayo de 1930: “Manuel Lázaro
equilibra su prosa con su ingenio y agudeza, pero cuando reapareció
Manuel Martínez Gargallo y se convirtió en martillo de herejes, muchos
de ellos conocidos o contertulios, el colaborador de tantas revistas y
antólogo de sus propios compañeros”. Como juez no le tembló el pulso a
la hora de condenar a excompañeros suyos de profesión, incluso en algún
caso “fue capaz de transformar una pena inicial de 12 años en otra
condena a muerte”. Y es que, como recalca el profesor de la Universidad
de Alicante, “el encaje de los delitos en los diferentes artículos del
Código de Justicia Miliar permitía cualquier arbitrariedad sin el riesgo
de la recusación”.
Una sentencia que llegó al Supremo y al Constitucional
La condena a muerte del poeta Miguel Hernández fue injusta y su
proceso estuvo plagado de irregularidades, según los familiares del
escritor, que falleció en una cárcel de Alicante, en 1942 y la Comisión
Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante. La
familia de Miguel Hernández inició en 2010 una cruzada para que un
tribunal democrático anulara la sentencia por la que un consejo de
guerra franquista condenó a muerte al poeta en 1940. Franco le conmutó
la pena a 30 años para evitar que se convirtiera en otro Lorca, pero en
1942, como consecuencia de las duras condiciones de la prisión,
falleció. Los descendientes del poeta acudieron al Supremo con el
objetivo de que quedara claro que aquel 28 de marzo de 1942 murió un
hombre "inocente", en palabras de su nuera, Lucía Izquierdo.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, un año más tarde, en
febrero de 2011 denegó la revisión de la sentencia del consejo de guerra
que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. El Tribunal rechazó la
petición de la familia del poeta para interponer recurso extraordinario
de Revisión, frente a la sentencia de fecha 18 de enero de 1940, dictada
por el Consejo de guerra Permanente número 5 de Madrid contra Miguel
Hernández, como autor de un delito de Adhesión a la Rebelión previsto en
el artículo 238.2º del Código de Justicia Militar del año 1890.
La Sala denegó la interposición del recurso por inexistencia de los
presupuestos del mismo, "según lo dispuesto en la ley de Memoria
Histórica", dado que dicha condena producida por motivos políticos e
ideológicos ha sido reconocida por esta ley como radicalmente injusta, y
declarada su ilegitimidad por vicios de fondo y forma, careciendo
actualmente de vigencia jurídica.
Los familiares no se dieron por vencidos y acudieron al Tribunal
Constitucional para plantear la nulidad de la condena a muerte del poeta
en 1940. En un auto, del 26 de septiembre de 2012, el Alto Tribunal
tampoco admitió a trámite el recurso de amparo presentado por la familia
de Miguel Hernández en el que solicitaba la inconstitucionalidad de la
resolución del Tribunal Supremo inadmitiendo la demanda de revisión de
la sentencia que, en 1940 en un juicio sumarísimo y sin ningún tipo de
garantías, condenó a muerte al inmortal poeta, según informó la Comisión
Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica.
El abogado de la familia, Carlos Candela, lamentó que el Tribunal "no
examine a fondo el recurso" y se limite en unas pocas frases a
"manifestar la inexistencia de violación de un derecho fundamental
tutelable de amparo", según dijo Candela.
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