La justicia debe ser igual para todos: ni privilegios de tribunales especiales ni de bufetes de abogados privados.
Cuando algún sociólogo, como el director
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dice que en estos
nuevos tiempos la ciudadanía pide más participación democrática, hay que
añadir que lo que cada vez más pide el pueblo es justicia. Hasta ahora,
la democracia se ha entendido en un sentido muy light, sin su exigencia
básica de justicia e igualdad. Digo esto porque es hora de que los
nuevos movimientos sociales e incluso algun partido que quiere
actualizarse, proponga de verdad una justicia democrática.
Esto significa que no puede haber privilegios de ninguna clase, ni económicos ni sociales, ante la justicia democrática.
Todos los ciudadanos han de ser atendidos con el mismo criterio de
justicia, es obvio que es una injusta reliquia el aforamiento; pero, aun
más, cualquier español ha de ser atendido en igualdad de condiciones de
defensa ante un tribunal. Todos los jueces, pero también todos los
abogados de defensa que el estado haya preparado y pone a disposición
del ciudadano son iguales. Por tanto, no puede haber abogados de ricos,
privados, en una democracia justa e igual.
Es hora de sentar principios republicanos y poner en obra valores democráticos.
El derecho a la defensa lo asegura el orden democrático igual a todos
los ciudadanos con el abogado de estado que le corresponda. Este
principio democrático es incompatible con los carísimos despachos de
abogados de que disponen los ricos. En una república democrática, esto,
no.
Se trata de asentar las instituciones en valores y principios republicanos, y tomar en serio la democracia y la justicia igual para todos.
FULGENCIO MARTÍNEZ
PROFESOR DE FILOSOFÍA Y ESCRITOR
ÁGORA DIGITAL JULIO 2014
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