CONTRA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN
DIARIO POLÍTICO Y LITERARIO DE FULGENCIO MARTÍNEZ/ 32
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El pueblo sabe distinguir entre una errata en la obra y la obra en su totalidad. Pero la ley en ningún caso puede mirar para otro lado, o hasta ahí no más miro y juzgo. Lo que se hizo contra mí cuatro años atrás, ya no lo recuerdo. No es posible la amnistía donde no hubo posibilidad de reconocimiento de culpa.
La ley española, en muchos aspectos, sobre todo cuando llega tarde y mal a reparar en los posibles delitos de corrupción, ni siquiera tiene realmente posibilidad de amnistiar; sencillamente, ya no puede juzgar delitos prescritos...según su desfasado código.
No es amnistía sino exculpación graciosa, lo que ocurre en muchos casos de continuada prevaricación, evasión y delito fiscal. (Premio a la insolidaridad y exculpación, a lo sumo con una risible multa, pactada en silencio y anominato vergonzantes a espaldas de la opinión pública. ¿Esto es la panacea del Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro? Por esa multita del diez por ciento, más tres avemarías,¡quién no se anima a pecar!
¿Es que, por ejemplo, usted o yo no pagamos los impuestos en 2005, por ejemplo, hace siete años fiscales? Yo, al menos, sí recuerdo lo que pagué a Hacienda. Y si alguien, durante ese año, en ese ejercicio fiscal, no lo hizo bien, seguro que generó un detrimento en los recursos del Estado cuya consecuencia repercute en la vida de todos. Si Urdangarin o Bárcenas -anticasos de los modelos ciudadanos atenienses de arriba- cometieron ese año algún delito contra el Estado, tienen que resarcir a la ley y a la ciudadanía. Nada de exculpación por el olvido del tiempo. De esa forma, tampoco pueden llegar a rehabilitarse y, quién sabe, tras cumplir sus faltas, ser incluidos en una futura edición de la Ética aristotélica.
¿Es que, por ejemplo, usted o yo no pagamos los impuestos en 2005, por ejemplo, hace siete años fiscales? Yo, al menos, sí recuerdo lo que pagué a Hacienda. Y si alguien, durante ese año, en ese ejercicio fiscal, no lo hizo bien, seguro que generó un detrimento en los recursos del Estado cuya consecuencia repercute en la vida de todos. Si Urdangarin o Bárcenas -anticasos de los modelos ciudadanos atenienses de arriba- cometieron ese año algún delito contra el Estado, tienen que resarcir a la ley y a la ciudadanía. Nada de exculpación por el olvido del tiempo. De esa forma, tampoco pueden llegar a rehabilitarse y, quién sabe, tras cumplir sus faltas, ser incluidos en una futura edición de la Ética aristotélica.
La propuesta de que no prescriban los grandes delitos económicos ni los delitos de corrupción, así como de que no haya ningún amparado ni aforado con ningún privilegio de sangre, clase, rango o cargo, creemos que debería ser llevada a un programa reformista, y se la ofrecemos al señor Gallardón para que la estudie, como Ministro de Justicia; pues la ausencia de una ley anti-prescripción de esos delitos no favorece su prevención sino al contrario: anima a los posibles delincuentes y, en fin, genera un descrédito y una constante fuente de injusticia sobre el cuerpo social, que en su inmensa mayoría somos los que pagamos las consecuencias.
Ante la avalancha de casos de corrupción política no solo actúan, todos, con mecanismos de defensa y dilatorios, cuando no echan balones fuera; sino que insisten en no reformar el código civil y penal para que no prescriban los grandes delitos económicos y de corrupción. Estos delitos no deberían prescribir porque el posible daño que suponen a lo público es irresarcible, y porque minan la confianza de la sociedad en sus instituciones y en el juego de la solidaridad que constituye el vínculo social. Pero, además, para ellos no debería existir ningún tipo de inmunidad ni estatus especial, sea quien sea el que lo ostente, desde el rey hasta el último villano y el último parlamentario.
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