Alcalá-Zamora, un rey sin corona. Por Ángel Abós Santabárbara. Revista Ágora-Papeles de Arte Gramático. avance de Ágora n. 10. digital. Ensayo histórico/bibliotheca grammatica

 

 

ALCALÁ-ZAMORA,UN REY SIN CORONA

 

Por Ángel Abós Santabárbara

 doctor en Historia

 

 

 

En busca del centro político

 

Don Niceto Alcalá-Zamora dominó el tablero político español durante un lustro. Primero como jefe del Gobierno provisional y después como presidente de la República. Su proyecto consistía en estabilizar la naciente democracia entregándola en exclusiva al republicanismo liberal. Tropezó con la cruda realidad de un país con unas débiles clases medias y con una mitad de la población en permanente paro estacional. Únicamente una reforma agraria relámpago con la colaboración del socialismo moderado, representado por Indalecio Prieto, podía frenar el acratismo antisistema y las ensoñaciones de Largo Caballero. La intromisión de don Niceto, en beneficio de su modelo político y menoscabo de la neutralidad que debía mantener, tendrá funestas consecuencias.

La Constitución de 1876 no contemplaba una monarquía propiamente parlamentaria, ya que el Rey tenía la potestad de convocar y disolver las Cortes libremente, nombrar a los jefes de Gobierno y vetar una ley aprobada por las Cámaras durante una legislatura. Alfonso XIII utilizó dichas prerrogativas con profusión. Durante los 29 años de reinado designó a 35 presidentes del Consejo de ministros, de los cuales solo siete superaron el año. Tampoco la Constitución de 1931 estableció un Parlamento soberano. El artículo 81 permitía al presidente de la República “Disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato cuando lo estime necesario”. Únicamente debía cumplir dos condiciones: decreto motivado de disolución de la Cámara y nombramiento de un nuevo jefe de Gobierno encargado de convocar elecciones en el plazo máximo de sesenta días. Sorprende que unas Cortes constituyentes, con mayoría abrumadora de diputados reformistas, tragaran con semejante limitación de la soberanía nacional. Todavía más, si tenemos en cuenta el empecinamiento de esa mayoría en aprobar determinados excesos del artículo 26, como prohibir a las congregaciones religiosas la enseñanza. Para mayor desacierto, la ley que desarrollaba dicho artículo se pospondrá hasta junio de 1933 y nunca llegó a aplicarse.

Don Niceto utilizó dicho artículo para cambiar el rumbo de la política designando y cesando a seis presidentes del Ejecutivo que a su vez presidieron catorce gobiernos, algunos brevísimos. Le bastaba con anunciar consultas con los grupos políticos por haber perdido su confianza el presidente del Consejo de ministros apelando a su percepción de lo que demanda en cada momento la “opinión pública”. Esa prerrogativa sirvió para que el 8 de septiembre de 1933 se deshiciera de Manuel Azaña a pesar de contar con mayoría parlamentaria (“Yo no soy rencoroso, pero quien me la hace me la paga” había comentado al verse obligado a firmar la Ley de Congregaciones religiosas en junio de ese año). Tras varios escarceos con el radical Alejandro Lerroux, encargó formar gobierno a su compañero de filas Diego Martínez Barrio junto con el decreto de disolución de las Constituyentes y la convocatoria de elecciones para el 19 de noviembre que resultarán letales para la reforma agraria. El artículo que establecía la doble confianza –primero la del presidente de la República y después la del Parlamento- supuso la primera piedra en la que tropezará el reformismo republicano. Ante la victoria de la coalición radical-cedista, don Niceto, en su afán centrista, entrega a Lerroux la presidencia del Consejo, sustituido brevemente por su compañero de filas, Ricardo Semper, tras el cual vuelve Lerroux a presidir tres gabinetes consecutivos; el primero, dos días antes de la insurrección de Asturias cuya represión le pasará factura, y el último hasta 25 de septiembre de 1935 en que finaliza su larga carrera política al perder definitivamente la confianza del Jefe del Estado tras los escándalos de las ruletas trucadas. Será sustituido por el liberal Chapaprieta, que formará dos brevísimos gabinetes consecutivos hasta el 14 de diciembre en que rechaza el decreto de disolución de las Cortes y Alcalá-Zamora, desconfiando de Gil Robles, encargó al centrista Portela Valladares, del partido Republicano Galleguista, la formación de dos gobiernos de trámite junto con el decreto de disolución del Congreso en enero de 1936 y el adelanto de las elecciones por segunda vez.

Tras el triunfo del Frente Popular el 16 de febrero, el lucense se negó a declarar tanto el estado de excepción como la anulación de las elecciones, como le pedían las derechas perdedoras y un sector del ejército, y acató el nombramiento de Azaña tres días después. El Gabinete, exclusivamente integrado por ministros republicanos, duró hasta el 10 de mayo de 1936 en que el alcalaíno fue elegido presidente de la República en sustitución de don Niceto. El artículo 81 que le había servido para dominar la escena política servirá para su destitución, ya que el último párrafo establecía que:

 

“En el caso de segunda disolución, el primer acto de las Nuevas Cortes será examinar y resolver la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la destitución del Presidente”.

 

Quizás representó el desquite de Azaña por el golpe de timón que desbarató la coalición con los socialistas en 1933. No obstante, el desacertado adelanto electoral terminó por provocar su caída y, lo que es peor, enconará el enfrentamiento entre los dos bloques políticos que llevará a la Guerra Civil. Entra en el terreno de la historia virtual si de haber agotado la legislatura se hubiera producido la rebelión militar.

 

 

La enconada cuestión agraria

 

Para Joaquín Costa, “despensa y escuela” eran las dos prioridades para que España progresara, es decir, que sus hijos humildes dejaran de pasar hambre y que desapareciera la lacra del analfabetismo. En lo último se avanzó con rapidez ya que en los tres primeros años republicanos se abrieron tantas escuelas como en los treinta años anteriores. La despensa presentó mayores problemas a pesar de que estaba claro para los más lúcidos tratadistas que, mientras no se redimieran las masas campesinas, la pobreza seguiría provocando enfrentamientos sociales.  En el invierno de 1930 más de cien mil braceros andaluces se encuentran sin trabajo, en paro total. Ese año, Ramos Oliveira expresaba con nitidez el problema de la tierra:

 

“la agricultura española no permite vivir de la tierra más que a los que la trabajan; y cuantos vivan sin trabajarla son progenitores de miseria. Los 10.000 millones de pesetas que produce distribuidos entre los cinco millones de braceros y labradores dan para cada uno 2.000 pesetas al año, menos el 20% de impuestos se quedaría en 1.600 pesetas. Como la mitad es para el propietario, quedan 800 pesetas que divididas por los 365 días del año arroja un jornal medio de 2,80 pesetas, minifundistas y arrendatarios poco más. Todos son pobres”

 

Su conclusión: mientras no se lleven a cabo los regadíos y la distribución de los grandes latifundios, la tierra solo produciría miseria, odio, el arraigo de los credos ácratas y los estallidos de violencia campesina seguidos de una represión inmisericorde.          Desde el 14 de abril de 1931, el Gobierno provisional se preocupó de dos cuestiones candentes: el orden público y las miserables condiciones de vida de millares de familias campesinas. Para el primer caso, declaró ilegal toda huelga no anunciada con diez días de antelación y para mantener el orden en las ciudades, tras el incendio en mayo de iglesias y conventos, el ministro de Gobernación Miguel Maura crea la Guardia de Asalto. Para el segundo, fue aprobada el 12 de junio de 1931 la Ley de accidentes laborales en el campo y días después la jornada de ocho horas. No obstante, el 18 de julio la insurrección ácrata en la provincia de Sevilla da lugar a duros enfrentamientos con las fuerzas del orden que provocaron la muerte de cinco jornaleros y tres guardias. Cinco días después, tras aplicar la ley de fugas a cuatro obreros al intentar escapar, Maura ordenaba bombardear la taberna en la que se habían hecho fuertes con el resultado de 39 muertos. A continuación, se clausuraron los centros anarcosindicalistas en toda España y se detuvo a sus dirigentes. El 30 de diciembre de 1931, el gobierno de Azaña destituyó a quince gobernadores civiles por su blandura ante los graves desórdenes públicos provocados por los ácratas, dejando claro que la República no iba a ser tibia a la hora de restablecer la paz en las calles.

En la cuestión campesina, el hambre no permitía espera alguna. Aunque entre los seis puntos del Estatuto jurídico de la República aprobado por el Gobierno provisional se proclamaba que la propiedad privada únicamente podía ser expropiada por utilidad pública y con la consiguiente indemnización, eran necesarias medidas urgentes, si bien fueran provisionales, para apaciguar la impaciencia de los jornaleros. Con buen criterio el Gobierno, a pesar de la oposición de los propietarios, decretó el 7 de mayo de 1931 el “laboreo forzoso” extendido a las ocho provincias con mayor número de parados, bajo pena de entregar dichas tierras a los campesinos si dejaban de cultivarse. Dos semanas después, se creaba una Comisión Técnica presidida por el catedrático de Derecho Civil, el liberal Sánchez Román, e integrada por figuras de prestigio como el catedrático de Hacienda Pública, Antonio Flores de Lemus, y el ingeniero agrónomo Pascual Carrión. Su misión fue preparar un plan de colonización para los campesinos sin tierra. La Comisión, consciente de la perentoriedad para hacer frente al paro crónico que daba lugar a las insurrecciones campesinas, aconsejó la inmediata aprobación de un decreto que permitiese el asentamiento “temporal” de unas 66.000 familias por año en las zonas latifundistas de todo el país, en especial en La Mancha, Extremadura y Andalucía. La tierra seguiría en manos de los propietarios que recibirían una cantidad fija obtenida del impuesto sobre el resto de latifundios.

El proyecto técnico presentado el 20 de julio restaba argumentos a los anarquistas y permitiría ganar tiempo hasta que se elaborara la definitiva Ley de Reforma Agraria. Desafortunadamente, el presidente de Gobierno provisional, Niceto Alcalá Zamora, nombró una comisión ministerial presidida por él mismo para sustituir el decreto por la discusión de una ley en las recién constituidas Cortes Constituyentes. Después de seis meses perdiendo el tiempo por el filibusterismo de los diputados agrarios el proyecto auspiciado por don Niceto entraría definitivamente en vía muerta ante la indignación de los jornaleros sin tierra. La decisión de don Niceto de ignorar el plan de la Comisión tendrá funestas consecuencias para el país.

Tras la dimisión el 14 de octubre de Alcalá-Zamora, jefe del Gobierno provisional, y de Miguel Maura, dirigentes de la Derecha Liberal Republicana, se constituye el 16 de octubre de 1931 el gobierno de Azaña, en el que seguirán participando los partidos republicanos, incluidos los radicales de Lerroux y los socialistas, hasta que se promulgue la Constitución el 9 de diciembre. El Congreso elige, por un sexenio, presidente de la República a don Niceto Alcalá-Zamora quien, a su vez, confirma como presidente del Consejo de ministros a Manuel Azaña sin que medien elecciones generales que se dejan para cuando se hayan aprobado las leyes orgánicas. Durante dos años la coalición del Partido Socialista Obrero Español con las formaciones republicanas, a excepción de Lerroux que pasa a engrosar la oposición por su incompatibilidad con los socialistas, pondrá en práctica su programa reformista.

En enero de 1932, el ministro de Agricultura, el radical-socialista, Marcelino Domingo, presenta al Congreso un nuevo proyecto de Reforma Agraria que, a pesar de reducir las incautaciones a las fincas ilegítimas y conceder indemnizaciones más generosas a las tierras expropiadas, no conseguirá que cese la obstrucción hasta que la asonada de Sanjurjo en agosto precipite en septiembre la aprobación de la Ley de Reforma Agraria por 318 votos a favor, 9 en contra y el resto abstenciones. Azaña, en su discurso de defensa de la Ley de Bases de la Reforma Agraria dirigía a los diputados estas palabras:

 

“Que la ley agraria lastima intereses personales es conocido; pero subsana injusticias seculares y pone al pueblo campesino, tantos siglos oprimido y desposeído, un pedazo de pan como recompensa a su trabajo. Nosotros, la República, puesto que es una República liberal, no excluye a ninguno, pero no se va a apoyar en la clase naturalmente enemiga, ni en aquellas que, despojadas de sus privilegios históricos, han de sentir odio o aversión a la República. Nosotros sacaremos de la nada a la clase de braceros, hoy corroída por el hambre y por la imposibilidad de trabajo; y de esos innumerables seres aspiramos a formar una clase social sólida y compensada en su esfuerzo nacional; y sobre esta base la República habrá asentado su mejor obra”.

 

La ley expropiaba todas las propiedades rústicas de la Grandeza de España sin otra indemnización que la derivada de las mejoras realizadas. Debía aplicarse en Andalucía, La Mancha, Extremadura y Salamanca. Para extenderla a otras provincias era necesaria otra ley votada en Cortes, previo informe del Instituto del Reforma Agraria. Sin embargo, el mismo texto de la ley la hizo incapaz de ser llevada a la práctica con la rapidez necesaria ya que se le asignaba un menguado presupuesto anual de 50 millones de pesetas y no contaba con el impuesto progresivo a los latifundios.  Según la base 5ª podían ser expropiadas con indemnización: las tierras que procediesen de señoríos jurisdiccionales que ya hubieran sido vendidas anteriormente; las ofrecidas por sus dueños; las de un único propietario que constituyesen un líquido imponible superior al 20 ciento del cupo total de riqueza rústica de un término municipal; las que el Estado pudiese ejercer el derecho de retracto; las incultas o manifiestamente mal cultivadas; las no regadas existiendo embalses o aguas para hacerlo; las regadas si superaban las 10 hectáreas si el Estado las había mejorado con obras hidráulicas; las arrendadas a renta fija durante doce o más años. Las dos últimas un disparate que le crearon a la reforma numerosos enemigos que anteriormente no lo eran. Luego venían las expropiaciones de las propiedades en secano cerealistas o dehesas a partir de 300 hectáreas y de 100 si eran olivares o viñedos.

El IRA tardará un año en elaborar el inventario de fincas expropiables. Pasados diez meses, Azaña recoge en sus Diarios 1932-1933, su opinión sobre la manera en que el ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, había gestionado la ley más decisiva para la buena marcha de la democracia republicana:

“Desde que nos informó de la marcha de la reforma, estoy desconsolado. No hará nada útil, ni Domingo ni sus huestes son capaces de hallar para la República la compensación necesaria, atrayéndose masas de campesinos a quienes se dé tierra”.

 

No obstante, el radical-socialista aseguraba que el 1º de octubre de 1933, es decir, un año después de su aprobación, y con un retraso cercano a los tres años desde el dictamen de la Comisión, arrancaría la aplicación de la Ley de Bases. Ni siquiera eso. La ley de Arrendamientos rústicos de 18 de agosto de 1933 quedó inconclusa por la convocatoria de elecciones y el nuevo ministro radical tuvo que echar mano del decreto de Intensificación de Cultivos de 22 de octubre para paliar el retraso. Permitía la ocupación durante dos años de unas 125.000 hectáreas por cerca de 40.000 familias en paro. Afectaba a las provincias latifundistas de Extremadura, La Mancha y Andalucía cuyas tierras hubieran dejado de ser arrendadas para ser dedicadas a la ganadería.

La llegada de Alejandro Lerroux en diciembre de 1933 al Gobierno en coalición con la CEDA de Gil Robles, supuso el inicio de una solapada contrarreforma agraria. En octubre del siguiente año, al expirar el bienio de permanencia sin ser renovado el decreto de “intensificación de cultivos”, fueron desalojados más de 40.000 yunteros del sur. Después de cuatro años de República únicamente habían sido repartidas 120.000 hectáreas entre 12.000 familias en paro. No es de extrañar las críticas del hijo del dictador Primo de Rivera ni que el 30 de noviembre de 1934 Falange Española presentara un programa de reforma agraria inspirado por su Fundador cercano al de 1932, de ahí que José Antonio fuera acusado de “bolchevique blanco”:

 

“La riqueza tiene como primer destino mejorar las condiciones de vida del pueblo. No es tolerable que masas enormes vivan miserablemente mientras unos cuantos disfrutan de todos los lujos. Las entidades públicas sostendrán a quienes se hallen en paro forzoso. Hay que elevar a todo trance el nivel de vida del campo. Para ello adquirimos el compromiso de llevar a cabo sin contemplaciones la reforma económica y social de la agricultura, asegurando un precio mínimo; organizando un Crédito Agrícola Nacional, que al prestar dinero al labrador a bajo interés con la garantía de sus bienes y de sus cosechas le redima de la usura y del caciquismo; acelerando las obras hidráulicas; suprimiendo tanto los latifundios desperdiciadores como los minifundios antieconómicos. Organizaremos la tierra estimulando la propiedad familiar y la sindicación de labradores redimiendo de la miseria a las masas campesinas que hoy se extenúan en arañar suelos estériles, y que serán trasladadas a las nuevas tierras cultivables. El Estado podrá expropiar sin indemnización las tierras cuya propiedad haya sido adquirida ilegítimamente.”

 

Un rayo de cordura pareció alumbrar la enconada cuestión agraria. El nuevo ministro de Agricultura, Manuel Giménez Fernández, apelando a la doctrina social de León XIII, presentó en marzo de 1935 al Congreso el proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos que alargaba los contratos a 6 años, compensaba las mejoras y daba primacía a los arrendatarios a comprar a precio de mercado la tierra que llevaran cultivando más de doce años. La furibunda respuesta del diputado tradicionalista Lamamie no se hizo esperar: “Si el señor ministro quiere quitarnos las tierras con encíclicas, nos haremos cismáticos”. El bloque de Calvo Sotelo se encargará de aguar la ley reduciendo a 4 años el plazo, suprimiendo el derecho de tanteo por parte de los cultivadores y ofreciendo al propietario la posibilidad de elegir entre arrendar subiendo las rentas o cultivar directamente su finca. La aprobación de la ley dio lugar a una oleada de desahucios. Tras la dimisión del ministro, en agosto de 1935 el Congreso aprueba Ley de Reforma de la Reforma Agraria elaborada por su mayor enemigo, Nicasio Velayos. En ella se establecía la posibilidad de los arrendatarios de comprar tierras, pero únicamente las que decidieran vender los propietarios. El inventario del IRA de fincas expropiables será suprimido, dejando en manos del propietario la posibilidad de expulsar a los asentados en sus tierras. La derogación del artículo de la base 8ª de la Ley de Reforma Agraria de 1932, que expropiaba a los señoríos sin indemnización, implicaba que debían ser devueltos los afectados hasta entonces. Únicamente se expropiarían, con indemnización, las tierras declaradas de “utilidad social”. El mantenimiento de 50 millones de pesetas anuales como límite máximo para pagar las expropiaciones supuso el bloqueo de la reforma.

Con el triunfo del Frente Popular en 1936 y el ascenso al poder de un gobierno exclusivamente formado por republicanos con apoyo, no sin condiciones, de los socialistas, se reanuda la estancada Reforma Agraria. En febrero el Gobierno   suspendía los juicios por desahucio contra arrendatarios, colonos y aparceros, salvo por falta de pago, y la reintegración de los yunteros extremeños en el uso y disfrute de las tierras arrendadas por la ley de Intensificación de Cultivos. El clima de conflictividad se hizo irrespirable. Los latifundistas se negaban a cultivar y los enfrentamientos aumentaron. La pugna por liberar a un jornalero que había invadido una finca produjo la muerte de un guardia civil y la de 17 campesinos en la localidad albaceteña de Yeste.

La premura por aprovechar la primavera para sembrar hizo que unos 60.000 campesinos invadieran fincas en Badajoz, Salamanca, Toledo y Andalucía, con un total de tres mil fincas ocupadas. La política de hechos consumados obligó al IRA a admitir las ocupaciones, que por otra parte no eran sino adelantar la aplicación de leyes aprobadas. Hasta el 17 de julio fueron repartidas medio millón de hectáreas entre unas 100.000 familias. El intento de rectificar el injusto proceso desamortizador será uno de los factores que conducirá a la mayor catástrofe de nuestra historia: la Guerra Civil.

 

 

 

Ángel Abós Santabárbara, doctor en Historia, catedrático de Enseñanza Media y profesor asociado de la Universidad de Alcalá. Entre sus obras destacan: Diccionario de Términos Básicos para la Historia (Alhambra), La Historia que nos enseñaron, 1937-1975 (Foca-Akal), La desamortización, de Mendizábal a Madoz (DELSAN). Guadalajara 5 de julio de 2021.

 

 

 

REVISTA ÁGORA DIGITAL JULIO 2021/ ENSAYO