martes, 29 de enero de 2013

CONTRA LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN. Diario político y literario de Fulgencio Martínez.../32

 

CONTRA LA PRESCRIPCIÓN DE  LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN   

DIARIO POLÍTICO Y LITERARIO DE FULGENCIO MARTÍNEZ/ 32    




Pericles, el gran dirigente de Atenas, decía que la democracia se fundaba en un pacto: la máxima confianza en el hombre y la máxima desconfianza ante un hombre concreto, ante cualquiera que detenta el poder. La ley debe mirar con lupa a cualquiera que tiene un poder concedido por el pueblo. La democracia ateniense era a veces tan puñetera y coherente con el principio de ejemplaridad que son célebres los casos de ostracismo, y aquella anécdota de Arístides, que relata Plutarco. El propio general Arístides, en la asamblea del pueblo, ayudó a un analfabeto a escribir en la ostraca el nombre de Arístides aunque ese voto condenaba al destierro al héroe de la batalla de Salamina. El mismísimo Pericles quiso reformar la ley ateniense que solo concedía la ciudadanía a los hijos e hijas nacidos de madre ateniense, cuando el general tuvo un hijo de una mujer extranjera: la divina Aspasia. El pueblo rechazó esa propuesta y Pericles sufrió un tiempo de inhabilitación simplemente por sugerir un cambio de la ley que le beneficiaba en lo personal. Quiere esto decir que la democracia puede ser agradecida con sus grandes hombres sin que tenga, a la vez, que ser rehén de éstos cuando no actúan pro bien común. El desterrado Arístides volvió de su exilio y participó en la batalla de Salamina, dando de nuevo ejemplo de su nobleza de carácter y su amor a la libertad de Atenas. Pericles siguió siendo, después de aquel contratiempo, un ciudadano ejemplar, y cuando su Estado lo precisó, en la segunda de las guerras con Esparta, volvió a ser el gobernador y primer  estratega ateniense: Aristóteles, en su Ética-escrita mucho después de la muerte de Pericles- lo presenta como modelo de prudencia política: tal modelo se había grabado en la memoria de Atenas. Un momento de debilidad no empañó su grandeza, que se sostenía en su respeto a la igualdad de la ley.
El pueblo sabe distinguir entre una errata en la obra y la obra en su totalidad. Pero la ley en ningún caso puede mirar para otro lado, o hasta ahí no más miro y juzgo. Lo que se hizo contra mí cuatro años atrás, ya no lo recuerdo. No es posible la amnistía donde no hubo posibilidad de reconocimiento de culpa.
La ley española, en muchos aspectos, sobre todo cuando llega tarde y mal a reparar en los posibles delitos de corrupción, ni siquiera tiene realmente posibilidad de amnistiar; sencillamente, ya no puede juzgar delitos prescritos...según su desfasado código.
No es amnistía sino exculpación graciosa, lo que ocurre en muchos casos de continuada prevaricación, evasión y delito fiscal. (Premio a la insolidaridad y exculpación, a lo sumo con una risible multa, pactada en silencio y anominato vergonzantes a espaldas de la opinión pública. ¿Esto es la panacea del Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro? Por esa multita del diez por ciento, más tres avemarías,¡quién no se anima a pecar!
¿Es que, por ejemplo, usted o yo no pagamos los impuestos en 2005, por ejemplo, hace siete años fiscales? Yo, al menos, sí recuerdo lo que pagué a Hacienda.  Y si alguien, durante ese año, en ese ejercicio fiscal, no lo hizo bien, seguro que generó un detrimento en los recursos del Estado cuya consecuencia repercute en la vida de todos. Si Urdangarin o Bárcenas -anticasos de los modelos ciudadanos atenienses de arriba- cometieron ese  año algún delito contra el Estado, tienen que resarcir a la ley y a la ciudadanía. Nada de exculpación por el olvido del tiempo. De esa forma, tampoco pueden llegar a rehabilitarse y, quién sabe, tras cumplir sus faltas, ser incluidos en una futura edición de la Ética aristotélica.



La propuesta de que no prescriban los grandes delitos económicos ni los delitos de corrupción, así como de que no haya ningún amparado ni aforado con ningún privilegio de sangre, clase, rango o cargo, creemos que debería ser llevada a un programa reformista, y se la ofrecemos al señor Gallardón para que la estudie, como Ministro de Justicia; pues la ausencia de una ley anti-prescripción de esos delitos no favorece su prevención sino al contrario: anima a los posibles delincuentes y, en fin, genera un descrédito y una constante fuente de injusticia sobre el cuerpo social, que en su inmensa mayoría somos los que pagamos las consecuencias.



Ante la avalancha de casos de corrupción política no solo actúan, todos, con mecanismos de defensa y dilatorios, cuando no echan balones fuera; sino que insisten en no reformar el código civil y penal para que no prescriban los grandes delitos económicos y de corrupción. Estos delitos no deberían prescribir porque el posible daño que suponen a lo público es irresarcible, y porque minan la confianza de la sociedad en sus instituciones y en el juego de la solidaridad que constituye el vínculo social. Pero, además, para ellos no debería existir ningún tipo de inmunidad ni estatus especial, sea quien sea el que lo ostente, desde el rey hasta el último villano y el último parlamentario.

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